Gobiernos

¿Qué reivindica PLQP?

Gobiernos receptores

Los gobiernos receptores (o productores) se refieren a los gobiernos de los países de donde las compañías extraen petróleo, gas y minerales y generan rentas públicas para el estado.
Publiquen Lo Que Pagan (PLQP) pide a estos gobiernos que:

  • Supriman todo obstáculo legal y extra-legal para la completa divulgación de los pagos efectuados por las compañías extractivas al gobierno y para la total divulgación por el gobierno de los ingresos derivados de tales pagos.
  • Aseguren la divulgación de todos los contratos de la industria extractiva y de los acuerdos relacionados entre empresas y gobiernos y garanticen que los contratos y las licencias se concedan a las empresas de forma transparente.
  • Trabajen con grupos ciudadanos para desarrollar mecanismos de supervisión de la gestión y distribución de las riquezas naturales, lo que incluye tanto a grupos de la sociedad civil como a organismos públicos;
  • Garanticen la publicación sistemática de auditorías independientes de las empresas nacionales de recursos.
  • Incluyan e identifiquen claramente en el presupuesto nacional los ingresos provenientes de los recursos;
  • Participen significativamente a los esfuerzos internacionales dirigidos a fomentar la transparencia en las industrias extractivas, tales como la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas y trabajen con todas las partes implicadas relevantes para aplicar tales iniciativas.

Gobiernos de procedencia de las empresas extractivas

Los gobiernos de procedencia son los gobiernos de los países en los que están registradas las empresas o de donde obtienen capital. Estos gobiernos tienen una responsabilidad doble: como países de procedencia de las compañías extractivas registradas en su territorio y también como donantes.
Publiquen Lo Que Pagan pide a estos gobiernos que:

  • Impongan condiciones a la ayuda al desarrollo no humanitario proporcionada a los países en vías de desarrollo ricos en recursos por parte de los organismos de donación, con lo que se exigiría la publicación de los pagos de las empresas y de los ingresos de los gobiernos provenientes de los sectores del petróleo, el gas y la minería;
  • Aseguren que las empresas extractivas que se rigen por su jurisdicción apliquen los niveles más altos de transparencia y elusión de la corrupción;
  • Hagan hincapié en la gestión transparente, justa y responsable de los ingresos provenientes de los recursos, en sus relaciones bilaterales con todos los países en vías de desarrollo;
  • Hacer uso de su voz y voto para asegurar que el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones multilaterales concedan prioridad a la gestión transparente, justa y públicamente responsable de los ingresos en los países ricos en recursos, así como para garantizar que esta prioridad se aplique en todos sus préstamos, en la asistencia técnica y en sus relaciones de consulta y de otro tipo con estos países;
  • Apoyen el desarrollo de normas internacionales y nacionales de contabilidad para las industrias extractivas, que exijan el desglose por países de los pagos de las empresas a todos los gobiernos extranjeros;
  • Trabajen con autoridades reguladoras de los mercados financieros para que incluyan el requisito de que las empresas extractivas que coticen en bolsa publiquen un desglose por países de sus pagos a los gobiernos nacionales, como condición de cotización;
  • Exijan a los organismos de créditos a la exportación que extienden su apoyo a las empresas de la industria extractiva, que impongan criterios de transparencia de los ingresos y contratos, como condición para sus préstamos;
  • Mediante programas de ayuda al desarrollo y otros, apoyen la capacidad de los gobiernos de gestionar los ingresos provenientes de los recursos y la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de controlar y responsabilizar a sus gobiernos;
  • Respalden los verdaderos esfuerzos internacionales por aumentar la transparencia de los pagos por los recursos, efectuados por las empresas en los países en vías en desarrollo y garantizar el apoyo activo de estos esfuerzos por parte de las instituciones y agrupaciones internacionales, tales como las Naciones Unidas y los países del G8.